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Nuestras instituciones y el trabajo sexual

La garantía de los derechos en los servicios sexuales

derechos en los servicios sexualesLa razón que da sentido al trabajo que desarrolla la Asociación Pro Derechos Humanos en el área de prostitución es la firme intención de no abandonar el camino de la consecución de derechos fundamentales para quienes ofrecen servicios sexuales. Sin embargo, no corren buenos tiempos en España para esta tarea. Hace dos años comenzó una campaña de ámbito estatal, promovida por entidades abolicionistas y con una amplia respuesta institucional, de ofensiva contra los clientes de las trabajadoras del sexo.

La base ideológica de esta campaña parte de considerar que los clientes -supuestos siempre hombres- son los máximos responsables de la existencia de la prostitución. Jornadas, cartelería y todo tipo de soportes de sensibilización califican a estas personas como prostituidores o, en los últimos tiempos “clientes” con comillas, expresión que no deja de ser ciertamente ofensiva, no sólo para ellos, sino también para las trabajadoras que ofrecen los servicios, ya que si se entrecomilla el término cliente ocurre, desde este punto de vista, lo propio con el de trabajadora.

En Sevilla esta ofensiva ha adquirido los tintes más duros hasta el momento. El Ayuntamiento de la capital andaluza, asumiendo la ideología abolicionista, se ha puesto manos a la obra unilateralmente -sin contar con la voz de las mujeres que trabajan en el sector del sexo- y ha lanzado dos fuertes iniciativas: una campaña de sensibilización bajo el lema “¿Tan poco vales que tienes que pagar?” y un proyecto de ordenanza municipal diseñado casi exclusivamente para erradicar la prostitución de sus calles. Detengámonos en este detalle.

Ya son varios los ayuntamientos de este país que están planteando y poniendo en práctica este tipo de ordenanzas municipales. Supuestamente estas normas se piensan para mejorar la convivencia en el ámbito del espacio público y resolver y prevenir los conflictos que puedan darse derivados de su uso colectivo.

Prostitución en las calles

La presencia de mujeres que ofrecen sexo en las calles de nuestras ciudades es un asunto que preocupa especialmente a los vecinos de las zonas con mayor visibilidad de esta actividad, por lo que los ayuntamientos deben entrar a gestionar este conflicto, eso es evidente.

Sin embargo, lo que nos preocupa especialmente desde APDHA es que todas estas corporaciones municipales (Barcelona, Madrid, Sevilla, El Ejido…) se están dejando llevar por una peligrosa inercia de tomar decisiones basándose sólo en el control de la visibilidad del fenómeno de la prostitución de calle, sin pensar en hablar con sus protagonistas para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y negociar el uso del espacio público.

Desean que desaparezcan los clientes, que desaparezcan las trabajadoras del sexo, que desparezca la prostitución, alegando que son esclavas sexuales de los hombres; mientras que las propias prostitutas1 reclaman respeto a sus clientes hacia su trabajo y buenas y saludables prácticas.

 

¿Cómo actuan las instituciones frente a la prostitución?

Si las instituciones existen, entre otras cosas, para garantizar que todas las personas sean tratadas con igualdad y respeto -ya que, como dice el Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), todas estamos dotadas de razón y conciencia y así debemos ser percibidas- ¿Por qué sus campañas de supuesta protección hacia las mujeres que se prostituyen, atacan frontalmente a su medio de vida, su trabajo y sus clientes? Esta pregunta merece una profunda reflexión.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad dirigido por la Sra. Bibiana Aído ha lanzado a los medios de comunicación un plan contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

La medida estrella de este plan consiste en algo que no es nuevo para las trabajadoras del sexo inmigrantes: si denuncian a la supuesta red de tráfico que las ha traído a España se les ofrece apoyo, pero si no, la supuesta víctima sigue siendo una persona indocumentada susceptible de expulsión.

Para nosotros este tipo de medidas tiene varios problemas graves. El análisis de la trata de seres humanos debe llevarse a cabo de una manera extensiva a más ámbitos que el de la prostitución, o dicho de otra manera, se debe combatir la trata (coacción de personas de terceros países para ser explotadas laboralmente) y analizar el tráfico (organización de viajes ilegales de personas de terceros países) en toda su complejidad, porque recordemos que tráfico y trata no son términos sinónimos: no todo el tráfico supone o esconde trata, ni siquiera cuando la persona se dedica a la prostitución.

Esta cuestión fundamental afecta tanto a hombres como a mujeres, pero si nos centramos en las prostitutas hay que resaltar que las mujeres inmigrantes irregulares, que están ejerciendo la prostitución en el Estado Español, han accedido a nuestro territorio ilegalmente y muchas usan redes de tráfico para entrar -como muchos otros hombres y mujeres que no se dedican a este trabajo- y que sólo una pequeña parte es víctima de trata (de coacción para la explotación laboral en el sector del sexo).

Ahora bien, que no todas las trabajadoras del sexo inmigrantes sean víctimas de trata no significa que le quitemos importancia al asunto. Muy al contrario, hay que abordarlo con toda la urgencia que requiere una injusticia de ese calibre. Por eso, desde APDHA estamos convencidos de que las víctimas de trata deben tener el terreno allanado para poder denunciar sin las ya clásicas coacciones estatales.