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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E IMPUNIDAD JUDICIAL

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CIUDAD JUAREZ Y GUATEMALA

La situación en Ciudad Juárez y en Chihuahua representa un caso emblemático de violencia contra la mujer y de los problemas que socavan la protección de los derechos humanos en México. Desde 1993, en el Estado de Chihuahua más de 370 mujeres han sido víctimas de homicidios, de las cuáles más del 50% han sufrido violencia sexual.

A estas cifras hay que añadir las más de 400 mujeres desaparecidas según organizaciones no gubernamentales mexicanas . Según datos del 2005, 28 mujeres y niñas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, lo que significa un aumento respecto al año anterior.

Las primeras desapariciones y muertes de mujeres y niñas con un patrón similar se dieron a conocer en Ciudad Juárez hace trece años. Esta ciudad fronteriza con Estados Unidos y ubicada en el desierto, es actualmente la más poblada del estado de Chihuahua.

Su posición geográfica ha hecho de la ciudad tierra fértil para el narcotráfico, generando altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana. Pero a lo largo de las últimas décadas, la instalación de empresas de ensamblaje de productos de exportación, por parte de compañías transnacionales, las llamadas maquilas, también le ha permitido un desarrollo económico privilegiado.

En gran parte, la rentabilidad de la industria maquiladora se basa en la contratación de mano de obra local barata.

Aún así, la necesidad de un salario, o el deseo de cruzar la frontera hacia el país vecino del norte en busca de un futuro mejor ha convertido Ciudad Juárez en una ciudad atrayente para un gran número de personas de diversas partes de México.

Estos crímenes, calificados por las autoridades como “homicidios en serie”, han conmocionado a la población del Estado de Chihuahua, ya de por si caracterizada por extremos niveles de violencia contra la mujer, incluyendo homicidios por violencia doméstica u otro tipo de violencia.

La respuesta de las autoridades ha sido tratar los diferentes asesinatos como violencia común en el ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón existente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación.

 

DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO

Las mujeres que tienen vida nocturna, salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse

La discriminación ha sido un elemento constante tanto en la naturaleza de los diferentes crímenes contra mujeres como en la respuesta de las autoridades, puesto que la reacción del Estado ante la desaparición de las jóvenes, la forma en que se investigan los asesinatos así como los insuficientes programas de protección para prevenir los homicidios también presentan un trato discriminatorio.

El origen humilde de la mayoría de las víctimas genera una doble discriminación: por género y por clase social. Las autoridades de Chihuahua han estado negando la existencia de un patrón de violencia contra la mujer basado en la discriminación de género.

La falta de una respuesta oficial eficaz forma parte del contexto más amplio de discriminación.

 

CARACTERÍSTICAS DEL PATRÓN DE SECUESTROS Y ASESINATOS CON VIOLENCIA SEXUAL

La mayoría de las mujeres son jóvenes y de origen humilde, son raptadas, sometidas a cautiverio y a la violencia sexual más feroz antes de ser asesinadas y abandonadas. Varias de las mujeres desaparecidas o asesinadas han sido empleadas de la maquila.

Camareras, estudiantes o mujeres que trabajan en la economía informal también han sido blanco de estos crímenes. En definitiva, mujeres jóvenes sin poder en la sociedad, cuya muerte no suponía un coste político para las autoridades locales.

Durante los primeros años de desaparición y asesinatos, el discurso público de las autoridades reflejaba una abierta discriminación hacia ellas y sus familias. En más de una ocasión, las mismas mujeres víctimas fueron culpadas de su propia desaparición y muerte debido a la forma de vestir o por trabajar en un bar de noche.

 

¿RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES?

La falta de acción eficaz de las autoridades que tienen la competencia para investigar y llevar a juicio a los responsables de los crímenes contra las mujeres y la falta de información proporcionada a las familias ha sido una constante durante estos 13 años.

Los esfuerzos de la policía en sus investigaciones para establecer el paradero de las mujeres reportadas como desaparecidas han sido insuficientes. Además, no se han recabado todas las pruebas necesarias, se han registrado demoras injustificables o no se ha dado seguimiento adecuado a posibles pruebas fundamentales.

En 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la institución oficial encargada, entre otras tareas, de investigar quejas de violaciones de los derechos humanos por funcionarios del Estado (salvo el poder judicial) llevó a cabo una investigación sobre 81 casos de asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua.

Después de cinco años de falta de acción de las autoridades locales, la CNDH emitió la Recomendación 44/98 y concluyó la responsabilidad por negligencia y omisión culposa de varios niveles de las autoridades judiciales, del gobierno estatal y municipal de Chihuahua.

La CNDH solicitó que se abrieran investigaciones penales y administrativas a altos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, incluidos el procurador, el coordinador regional y la jefa de Averiguaciones Previas, la coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales Contra la Familia y Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de la Zona Norte, así como los agentes del Ministerio Público y el personal del Área de Servicios Periciales y la Policía Judicial.

La recomendación fue rechazada por las autoridades municipales y estatales, acusando a la CNDH de intentar dañar la imagen del partido gobernante de aquel entonces, el Partido de Acción Nacional (PAN), en un año electoral.

Sin embargo, cuando la nueva administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó las elecciones tampoco implementó la recomendación. En 2003, delegados de Amnistía Internacional fueron informados por representantes del gobierno estatal de que la Recomendación 44/98 sólo se refería al gobierno anterior y que por eso no pudieron cumplirla.

En enero de 2003 la CNDH inició una nueva investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez e instaló una oficina en esa ciudad. El presidente de la CNDH presentó a comienzos de abril de 2003 un informe preliminar, «Acciones Realizadas en el Caso de Femicidios en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua», en el cual reconoce « el escaso esclarecimiento » de los casos y propone la creación de un organismo público dependiente del gobierno federal para coordinar los esfuerzos de investigación.