1
256

Feminicidio en Guatemala

feminicidios en guatemalaDespués de tres décadas de conflicto interno y a más de diez años de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala se encuentra todavía en una frágil etapa de transición. La continuidad y el fortalecimiento del avance democrático de esta última década están profundamente afectados por índices preocupantes de pobreza, desigualdad social y violencia.

Ésta última se ha convertido en los últimos años en uno de los problemas que mayor atención reciben por parte de políticos, organizaciones sociales y opinión pública. Las manifestaciones de la violencia adquieren formas diversas, se desarrollan en diferentes escenarios, afecta a colectivos diversos y presentan cambios permanentes en sus dinámicas e intensidad.

La violencia es un fenómeno humano y social con significación simbólica y cultural. En Guatemala, la violencia física constituye un instrumento privilegiado con el que se han pretendido resolver los conflictos de poder, afectado las relaciones sociales aún en nuestros días.

La violencia, sin embargo, supera las dimensiones histórico- estructurales y trasciende hasta la dimensión subjetiva, en que el individuo –sujeto y objeto de violencia- actúa con un relativo grado de autonomía respecto a las primeras.

La violencia contra las mujeres se explica desde la perspectiva de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, que se expresa a través de distintas formas de discriminación, exclusión y explotación. La normalización de la violencia – por tan excesiva que satura nuestra cotidianeidad esta hacerla parte de una realidad ‘inmodificable’- y la interiorización de la misma por las mujeres actúan articuladamente con el patrón de sumisión de las mujeres que impone la cultura patriarcal.

La violencia normalizada se transmite y reproduce socialmente en ideas, valores y prácticas. Dichas manifestaciones alcanzan todos los ámbitos de la vida de las mujeres y claramente intervienen en los distintos espacios en los cuales se desenvuelven, incluidas las instituciones del Estado.

 

El feminicidio como expresión máxima de la violencia de género

En contexto del fenómeno general de violencia, las muertes violentas de mujeres han experimentado un importante crecimiento en términos cuantitativos y cualitativos. Si bien es cierto que la violencia contra las mujeres no es un problema exclusivo de Guatemala, ésta presenta algunas características particulares y alcanza una de las tasas más elevadas de muertes violentas de mujeres por cada cien mil habitantes a nivel mundial.

Según datos facilitados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),1 la tasa de muertes violentas de mujeres en Guatemala fue por cada 100.000 mujeres (pcmh) fue de 9.3 en el 2001, 8.7 en el 2002, 9.0 en el 2003, 12,4 en el 2004 y 9,7 en el 2005. Estas tasas anuales superan las ocurridas entre los años 1986 y 2000, y empiezan a acercarse alarmantemente a cifras de los peores años del conflicto armado interno.

Los asesinatos de mujeres se producen con gran brutalidad y un alto grado de ensañamiento y premeditación. Muchos de los cuerpos hallados muestran señales de violencia sexual, mutilaciones genitales, desmembramiento, lo que implica actos de tortura como antesala de los asesinatos. La brutalidad de estos asesinatos actúa como un mecanismo de terror amparado en la impunidad enquistada de la violencia de género debido a la falta de persecución y castigo.

La violencia contra las mujeres en Guatemala se origina en la desigualdad de género provocada por los valores patriarcales. A esto se suma la desigualdad socioeconómica extrema, que afecta a los grupos más débiles de la sociedad, por lo que puede concluirse que el problema es de desigualdad de género, pero también de clase y etnia, aunque la violencia contra las mujeres traspasa con facilidad estas fronteras.

Las mujeres, despojadas de sus derechos fundamentales, son víctimas de la violencia social, política, económica e institucional, violencia que tiene su peor expresión en la violencia física. Muchas de las muertes violentas de mujeres, resultan ser el trágico desenlace del continuum de violencia en que viven las mujeres bajo el modelo patriarcal.

 

Violencia de género, femicidio y feminicidio

La categoría Violencia de Género – expresión de dominio y opresión que las sociedades patriarcales ejercen sobre las mujeres limitando sus posibilidades de desarrollo y el ejercicio de sus derechos – contribuyó a profundizar sobre el tema de violencia y sus causas al establecer el género como determinante principal de la organización de las relaciones sociales.

Como parte del modelo patriarcal de la ordenación social, las relaciones de poder entre hombres y mujeres que se dan en nuestras sociedades son asimétricas y, en consecuencia, perpetúan la subordinación y desvalorización de las mujeres, por lo que constituyen un factor relevante en la dimensión y gravedad que tiene la violencia hacia la mujer.

El proceso de socialización de género es un proceso represivo y violento, y la violencia como mecanismo de control y poder sobre las mujeres es un componente estructural del sistema de opresión de género. La creencia cultural de que las mujeres son inferiores a los hombres normaliza y perpetúa la violencia contra las mujeres, invisibilizándola e impidiendo su persecución y sanción.

Asumir este concepto es un cambio relevante en la conceptualización de la violencia contra la mujer, como también en los factores asociados a su ocurrencia. La diferencia entre la violencia contra las mujeres y otras expresiones de violencia, es que en la primera el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.

Esto implica repensar estrategias de intervención y el rol que le compete al Estado en su prevención y erradicación.

Los términos femicidio y feminicidio se encuentran en proceso de conceptualización desde diferentes disciplinas. El término femicide fue utilizado por primera por Diana Russell en 1976 al testimoniar ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres, y es desarrollado años más tarde por ella misma y J. Raford (1992) para definir la muerte violenta de mujeres por razones asociadas a su condición de género.

Incorporado al discurso feminista, el término permite subrayar el carácter social de la violencia y trasladar la violencia basada en la inequidad de género –producto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres- del ámbito privado al ámbito público. Etimológicamente, femicidio sería un concepto análogo a homicidio.

En Guatemala, donde la tipificación penal distingue entre homicidio y asesinato, el femicidio debería equipararse a asesinato, en tanto que el homicidio puede ser intencional o no. El término feminicidio fue acuñado por activistas y grupos feministas en México que, encabezados por Marcela Lagarde, concibieron el término como un concepto más amplio agregándole una connotación político-ideológica.

 

El Contexto actual de la violencia: Algunas reflexiones sobre el rol del Estado en la misma

La violencia contra las mujeres en el conflicto armado interno

Las prácticas de represión y violencia contra las mujeres durante el conflicto armado interno son claros antecedentes de la situación actual y sus consecuencias son perceptibles en la complejidad que se observa en las muertes violentas de mujeres en el presente.

El Estado guatemalteco practicó la violencia como mecanismo de terror de forma estratégica y articulada y como mensaje de intimidación permanente a la población. El fenómeno de la violencia contra las mujeres, como señala la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), “cobró carácter de política de Estado en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y la contrainsurgencia durante el conflicto armado, en el cual se desarrollaron formas de violencia específicas contra las mujeres (…).

Miles de mujeres fueron objeto de violación sexual, principalmente indígenas mayas, en el transcurso de su tortura o antes de ser asesinadas, siendo ésta una práctica común de los agentes del Estado dirigida a destruir la dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos”. La violencia sexual – cometida por fuerzas de seguridad del Estado – fue uno de los principales patrones de violencia diferenciados que se utilizó contra las mujeres, y se desarrolló en las más diversas y crueles expresiones: “violaciones masivas y múltiples, de forma pública (a la vista de toda la comunidad o sus familiares), en el marco de las masacres; violaciones masivas, múltiples y continuadas de las mujeres privadas de libertad en forma ilegal, en centros de detención dependientes de la policía o el Ejército; mutilación de órganos sexuales de las mujeres torturadas y violadas; exposición pública de cuerpos femeninos mutilados o con signos de violación o empalamiento como estrategia de tortura psicológica a las personas sobrevivientes de masacres; explotación y servidumbre sexual (…), embarazos forzosos y uniones forzadas”.

Las mujeres fueron igualmente víctimas de la desaparición y desplazamiento forzados, y muchas sufrieron torturas y tratos crueles e inhumanos. La tortura fue un recurso, no sólo para la obtención de información, sino un recurso fundamental de intimidación a la población. La violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado fue una práctica incluida en el entrenamiento militar que se utilizó sistemáticamente como parte de la estrategia de dominación del enemigo. Según establece la CEH, la autoría material de la violencia sexual contra las mujeres es atribuible al Ejército en el 89% de los casos, el 15.5% son responsabilidad de las Patrullas de Autodefensa Civil, el 11.9% de comisionados militares y un 5.7% a otras fuerzas de seguridad del Estado.

Los poderes paralelos

Son numerosos los poderes paralelos surgidos y/o consolidados durante el conflicto o post-conflicto, y numerosos son también los señalamientos de su estrecha relación o su infiltración en las instituciones del Estado. El crimen organizado, estimulado por acción u omisión del Estado, se ha posicionados cómodamente en diversas estructuras estatales y en las diferentes capas de la sociedad.

En su génesis están tanto los aparatos de contrainsurgencia, cuya posibilidad de violar la ley en aras de la defensa del Estado fue mutando o se combinó con la impunidad para cometer delitos comunes y realizar negocios fuera de control, con fines de enriquecimiento ilícito, como la poco planificada desmovilización de efectivos del ejército, parte de cuyas estructuras migraron de propósitos y se adaptaran al crimen organizado. Éste cuenta con amplias redes paralelas al Estado que virtualmente lo controlan o controlan puestos clave.

Un fenómeno en auge es el las pandillas juveniles o maras. El crimen y la violencia causada por las maras han crecido significativamente en Guatemala en la última década, aunque las cifras exactas son difíciles de establecer por la propia naturaleza del problema y por la debilidad de las instituciones para elaborar buenas estadísticas. A las maras se les atribuyen delitos diversos que van desde los asaltos y el tráfico de drogas hasta las violaciones o asesinatos, y con frecuencia se las vincula con aparatos represivos del Estado y/o el crimen organizado.

La debilidad del Estado

La situación de violencia generalizada no responde quizás a la acción deliberada y planificada del Estado, pero sí a la incapacidad y falta de voluntad política de asegurar la seguridad de la ciudadanía. La pérdida del monopolio de la fuerza por el Estado agudiza el incremento de la violencia. La debilidad de las instituciones encargadas de proporcionar seguridad pública y de perseguir el delito propicia el incremento de la inseguridad pública y su creciente descrédito ante la ciudadanía.