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Antropología forense: identificación de restos óseos humanos

Introducción a la Antropología forense

Desde el año 2000 se vienen realizando regularmente exhumaciones de fosas comunes de represaliados durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y postguerra, dentro de un contexto que se ha venido a denominar como de Recuperación de la Memoria Histórica, en un ámbito administrativo, bajo control de Ayuntamientos y Consejerías (de Cultura, al amparo de la Ley General de Patrimonio Histórico Español – Ley 16 /1985 de 25 de junio-, y Sanidad, al amparo del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria –Real Decreto 2263/1974 de 20 de julio-), pero sin control judicial en la mayor parte de casos, por archivo o prescripción de presuntos delitos según autos de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Esta situación, de la cual se ha inhibido la Justicia española (por el momento), no está exenta de debate y controversia, la cual tendrá al fin que dar una solución, pues miles de españoles siguen desaparecidos después de sesenta o incluso menos años. En todo caso, y desde nuestro punto de vista, consideramos que es necesario el control administrativo de estas exhumaciones, control que debería suponer una garantía legal y no las invalida en cuanto a su capacidad para ser prueba en futuros litigios judiciales, siempre y cuando se cumplan aspectos básicos sobre la preparación de los equipos técnicos de exhumación, la cadena de custodia de los restos recuperados (en qué laboratorios se producen las investigaciones) y sean validados por la Administración competente los diferentes técnicos (arqueólogos, antropólogos, médicos, biólogos, etc…).

antropologia forenseEntre las numerosas fosas exhumadas hasta el momento, solo entre el año 2000 y abril de 2008 se habían excavado 171 fosas y exhumado 4.054 cadáveres (Etxeberria, 2005, 2007, véase Tabla 1; El País, 14-9- 2008). Verdaderamente, estos trabajos constituyen todo un movimiento científico y cívico, muy activo en pro de la recuperación de nuestra historia más reciente, olvidada por el yugo de los vencedores de un golpe de estado, de una guerra feroz y de una dictadura salvajemente represora.

En este marco de actuación, los casos de identificación de guerrilleros antifranquistas han supuesto una excepción dentro de este panorama de trabajos arqueológicos, salvo la investigación que se recoge en este trabajo y otros pocos casos procedentes de Cuenca1 (Polo, 2008), Teruel (Polo, 2008), Andalucía y Extremadura.

Evolución de la Antropología forense en España

Lo que es evidente es que estamos en un momento de máxima eclosión de los trabajos de recuperación de restos humanos procedentes de fosas, quizás en detrimento de una necesaria planificación inicial centralizada, que seguramente hubiera organizado todas estas investigaciones bajo un prisma común.

La realidad es que diferentes grupos de investigación adscritos a asociaciones, universidades o incluso de índole privada pero al amparo de asociaciones memorialistas o agrupaciones de familiares con interés legítimo en la recuperación de sus desaparecidos, se han involucrado en las exhumaciones pero sin una interrelación y sin criterios comunes de actuación.

El mapeado de las fosas del territorio nacional donde poder ubicar con exactitud las posibles áreas susceptibles de actuación arqueológica forense es una actividad prevista por el Gobierno (que también implica a las Comunidades Autónomas), y ha supuesto un primer impulso de centralización de las investigaciones. Por el contrario, un protocolo de actuación común sobre las exhumaciones todavía está pendiente de ver la luz, y quizás este debería haber sido el primer paso.

La creación de un archivo oral de una generación de supervivientes que se extingue cada día, es otra de las tareas que bajo la ayuda gubernamental o no están desarrollando desde hace años asociaciones como La Gavilla Verde e historiadores contemporáneos.

Las principales investigaciones desarrolladas por Grupo Paleolab en el marco de la Antropología Forense y Derechos Humanos se centran en el proyecto de investigación “Recuperación de desaparecidos y represaliados por el franquismo durante el periodo guerrillero”, proyecto que surge desde la Oficina de Desaparecidos de la asociación La Gavilla Verde (Santa Cruz de Moya, Cuenca) en 2003, y al que se han incorporado otras exhumaciones promovidas por otras asociaciones memorialistas.

El proyecto se tramitó a través del Ministerio de Presidencia, según Orden Ministerial PRE/3945/2005 de 16 de diciembre (B.O.E 17 diciembre), y de acuerdo con las bases reguladoras de la Orden Ministerial PRE/99/2006, de 27 de enero, se presentó el proyecto mencionado, siendo aprobado por el Ministerio de Presidencia en fecha de 12 de septiembre de 2006 (B.O.E de 13 de septiembre de 2006) con el código 54.1, y siendo el gestor del mismo la Asociación La Gavilla Verde (LGV) y Grupo Paleolab el encargado de los trabajos de exhumación, estudio antropológico forense e identificativo.

El mencionado proyecto también se integra dentro de las actividades arqueológicas y antropológicas forenses que Grupo Paleolab viene desarrollando desde 2003 y cuyo historial de actuaciones asciende a siete intervenciones hasta 2008 de muy variada tipología, con la recuperación de más de medio centenar de restos humanos, y que tiene previstas cinco más para los próximos años 2009 y 2010.

 

Marco legal de las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y ladictadura (1939-1975).

La exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista vienen reguladas por la reciente Ley 52/2007 de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura” (BOE de 27 de diciembre de 2007).

Hasta la aprobación de la mencionada ley, estas actuaciones se venían desarrollando en un marco legal dudoso, a veces ni siquiera controlado desde ninguna institución pública, garante del desarrollo eficaz de los trabajos científicos y de los derechos privados y públicos que pudieran ser constitutivos de protección.

Incluso en muchos casos, los trabajos exclusivamente han estado supeditados a la normativa de actuaciones arqueológicas a través de lo que indica la Ley General de Patrimonio Histórico Española (Ley 16 /1985, de 25 de junio) y en las diferentes leyes de patrimonio autonómicas, dependiendo de si el ámbito de actuación contiene su propia legislación o no.

En otras ocasiones ni siquiera ha existido un expediente administrativo regulador. La creación de la Comisión Interministerial para el “estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo” por el Ministerio de Presidencia (Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre), y las convocatorias de ayudas públicas (en 2005 y siguientes), permitieron cumplir algunos de los fines de la Comisión, y sentaron algunas de las bases de actuación en materia de exhumaciones, que más tarde vendrían reguladas en el anteproyecto de ley de 2006 y finalmente en la vigente Ley 52/2007.

En todo caso, la Ley 52/2007 en sus artículos 11 a 14, indica definitivamente las directrices de las actuaciones relativas a las exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En 2009 Cataluña aprobará su propia ley marco en esta materia, la cual ya se ha iniciado con un mapa de las fosas presentes en sus territorios.

Así, la Ley 52/2007 en el artículo 11 hace referencia a la colaboración de las administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas. Se hace hincapié en facilitar la indagación, localización e identificación de las fosas y desaparecidos.

El artículo 12 se refiere a la accesibilidad a mapas territoriales de fosas, así como a la elaboración de un mapa integrado y protección de áreas susceptibles de intervención arqueológica. Esta tarea, desde nuestro punto de vista, debe centrar el mayor de los esfuerzos aprovechando el testimonio de esa generación superviviente al borde de su desaparición en esta primera década del siglo XXI.

El artículo 13 se refiere a las diferentes autorizaciones administrativas que se tiene que dar para la realización de las actividades de localización e identificación. Especialmente se cita como base, la normativa sobre patrimonio histórico a efectos de autorizaciones, publicidad y “reinhumación”.

Se habla de un protocolo que deberá aprobar el Gobierno, pero que a fecha de hoy no existe. Finalmente, el artículo 14, habla del acceso a los terrenos afectados por los trabajos de localización e identificación de fosas, se exponen la necesidad de autorizaciones y consentimiento por parte de los particulares.

No obstante, sobre este marco legal básico que constituye la Ley 52/2007, las exhumaciones quedan también supeditadas a la legislación vigente en materia de patrimonio histórico y a la legislación sobre prácticas tanatológicas, tal y como determina el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (Real Decreto 2263/1974 de 20 de julio), y en su defecto, la reglamentación que las Comunidades Autónomas hayan dispuesto en materia relativa a cadáveres y cementerios.