Abuso de poder del personal educativo sobre los niños

Al hablar de personal escolar, hablamos de un conjunto de trabajadores que realizan funciones muy diversas al interior de los planteles.
Nos referimos a empleados que ocupan puestos de dirección y subdirección, docentes, personal administrativo, como secretarias y contralores, personal de apoyo y asistencia a los servicios educativos, como prefectos y orientadores, y finalmente, de trabajadores de que realizan servicios de mantenimiento, limpieza y cuidado de los edificios escolares, tales como trabajadores de limpieza, conserjes y veladores.
Todos estos trabajadores forman parte de la burocracia de la SEP, y su labor se regula por diversas disposiciones, entre las cuales destacan la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el Reglamento de las Condiciones Generales del Personal de la Secretaría de Educación Pública (RCGT).

El sufrimiento de los niños, a veces, queda inpune

Aunque el abuso e imposición de poder son conductas castigadas por la legislación penal, estudios previos señalan que, cuando se sospecha que ocurren tales casos en las escuelas, el director no procede a hacer el reporte inmediato a la autoridad correspondiente, sino que trata de solucionar el conflicto de manera informal a través de un acuerdo con el padre del niño y el trabajador, y que comúnmente incluye el cambio de adscripción de éste último a otro plantel.

La falta de una denuncia penal inmediata por parte del director se agrava por el hecho de que los padres de los niños, aún conociendo la presunta comisión del ilícito, tampoco realizan la denuncia correspondiente por miedo a exponer a sus hijos a un proceso legal largo y complejo, o bien, porque llegan a algún acuerdo privado con el propio trabajador.

Además de las sanciones penales, una vez que hay evidencia de que el trabajador ha cometido un abuso de poder, se configura una causal que permite que la SEP inicie el procedimiento de cese respectivo, el cual inicia con el levantamiento del acta administrativa, prosigue con el juicio de autorización de cese ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), y culmina con el laudo que emite este tribunal, el cual determina si procede o no la terminación de los efectos del nombramiento (o sea, el cese).

El presente trabajo trata, precisamente, sobre el procedimiento para cesar al personal que labora en la SEP y que comete esta clase de conductas. La sección II y III describen el procedimiento que se sigue para realizar el cese, esto es, el acta administrativa y el juicio de autorización de cese.

Estas secciones no sólo explican las disposiciones legales relevantes, sino que también exponen la forma en que de hecho se llevan a cabo estos procedimientos, las opiniones de litigantes y jueces respecto de su efectividad, así como datos sobre tales procedimientos.

¿Como se ha de proceder una vez el niño informa a sus padres?

  1. Los padres deben informar inmediatamente al director de la escuela
  2. El director ha de levantar un acta administrativa.

Antes de levantar el acta administrativa, el director debe notificar tanto al trabajador como a su representante sindical del levantamiento de ésta con al menos 24 horas de anticipación. La notificación debe hacerse por escrito, e incluir la fecha, hora y lugar donde será realizada la diligencia.

El acta debe ser implementada durante la jornada laboral del trabajador y en la escuela donde éste labora, y sólo bajo circunstancias excepcionales puede ser realizada en otro lugar. El director debe firmar las notificaciones, y al entregarlas, debe solicitar el acuse de recibo correspondiente.

Concluidas las declaraciones de los participantes, se procederá al cierre del acta. Una vez que se hayan firmado las copias necesarias, éstas serán remitidos a las autoridades correspondientes, una de las cuales es la Dirección de Calificación de Actas (DCA), la cual se encargará de evaluar la procedencia del juicio de autorización de cese.

La evaluación que hace la DCA del acta administrativa determina, de forma fundamental, el curso de procedimiento de cese. La DGAJ se divide en varias direcciones.
Una de estas direcciones es la Dirección de Asuntos Laborales, la cual a su vez se divide en dos direcciones, la DCA, que se encarga de evaluar si las actas administrativas contienen elementos suficientes para proceder al cese del trabajador, y por tanto, iniciar el juicio de autorización de cese; y la Dirección de Procesos Legales (DPL), que se encarga de emitir las medidas disciplinarias en aquellos casos que le son enviados por la DCA.
La DPL puede imponer cualquiera de las siguientes medidas: amonestación por escrito, extrañamiento, nota mala, descuento al salario, suspensión sin goce de sueldo, o el cambio de adscripción del docente.

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